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Inseguridad rural: avances para buscar soluciones

Inseguridad rural: avances para buscar soluciones

Luego de un comienzo con los dientes apretados y sospechas de “tinte político” en la escalada de rotura de silobolsas y otros hechos de inseguridad rural, esta semana concluye con un saludable entendimiento y compromiso de trabajo conjunto entre las autoridades políticas y la cadena agroindustrial, en el camino para encontrar soluciones frente a una problemática que se estaba extendiendo peligrosamente en diversas regiones del país.

Delitos cometidos contra el campo



Fuente: CRA Infografía: Clarín

En ese marco, fueron fundamentales tanto las 2 reuniones que tuvieron los ministros de Agricultura, Luis Basterra, y de Seguridad, Sabina Frederic, con los dirigentes del campo, y los proyectos parlamentarios que se presentaron para encuadrar legalmente a la situación.

Un click en ese sentido fue el respaldo que despertó el proyecto de ley impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, que prevé penas de hasta 5 años de cárcel para quienes sean responsables de la rotura de silobolsas, incendios de lotes de cultivos y robos.

Hubo otras presentaciones como las del diputado nacional Ricardo Buryaile y de los legisladores provinciales, Lucila Lehmann y Luciano Bugallo, que incluso tienen diferencias conceptuales importantes con lo propuesto por el tigrense, pero muchos dirigentes agropecuarios prefieren ver el medio vaso lleno y ponderaron la iniciativa de un aliado importante en el esquema de poder del presidente Alberto Fernández. Asimismo, se interpreta que Basterra y Frederic actúan alineados a una reacción positiva del Gobierno nacional.

Más de 40 entidades y cámaras de las cadenas de casi todos los cultivos, insumos, productos y rubros agroindustriales, desde los avícolas y feedloteros, hasta los legumbreros y los productores de carne y de biocombustibles, como también las bolsas de cereales y de comercio de todo el país, reconocieron la reacción del oficialismo político. Y destacaron que se produjeron "claras manifestaciones de repudio y se adoptaron medidas por parte de las autoridades provinciales y nacionales contra el delito rural, como el tratamiento del tema en el Consejo de Seguridad Interior.

Todos los que mantuvieron conversaciones oficiales al respecto coincidieron en que el abordaje de esta situación debe ser integral y tener un carácter federal, por lo que es necesaria una articulación entre el gobierno nacional y las provincias que vehiculice una solución lo más rápida posible.

También consideraron importante que ante los hechos de inseguridad en el agro, los legisladores hayan "abordado el tema con prontitud, dado que el alcance de los daños producidos afecta a la sociedad entera, en tanto destruye el trabajo y el esfuerzo de la comunidad agroalimentaria, en un contexto en el cual la producción de alimentos resulta fundamental".

Ahora hace falta que las palabras se plasmen en hechos, o quizás, valga la paradoja, que los discursos de calma y consenso redunden en la merma o directamente la dilución de los hechos que se repudiaron. Pero las palabras, en política, como en otras instancias de la vida en sociedad, suelen ser un puntapié inicial para las acciones.

“Hay que proteger el fruto del trabajo, la producción y, por supuesto, a las familias que viven en el campo. Tienen los mismos derechos que todos los habitantes del suelo argentino. Nuestro compromiso es proteger el resultado del trabajo y repudiar estos hechos de vandalismo y la violencia que significan”, dijo la ministra Frederic.

Por su parte, Basterra, destacó: “El ánimo es constructivo, está claro que estamos todos uniendo esfuerzos frente a estos delitos que conmueven a la producción del sector”. Y adelantó que realizará una convocatoria a sus pares provinciales a través del Consejo Federal Agropecuario (CFA), a fin de que cada ministro pueda proporcionar información sobre los delitos rurales de sus provincias y, a la vez, puedan alertar para que funcione el Poder Judicial con celeridad. De esta manera, esperan lograr un panorama delimitado para el Ministerio de Seguridad.

Frederic se comprometió a coordinar un protocolo de actuación con las provincias para prevenir y actuar ante este tipo de delitos.