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La paritaria docente y un conflicto en continuado

La paritaria docente y un conflicto en continuado

Entre los múltiples desafíos que tiene por delante el gobierno que se inicia la próxima semana, uno de ellos aparecerá seguramente en los primeros días de marzo, cuando los gremios docentes decidan -una vez más- si arrancan o no las clases.

Es cierto que un importante dirigente de la Provincia ya anticipó que no debiera haber conflicto el año que viene, pero otros -en cambio- deslizan que nada está dicho y todo dependerá,en última instancia, de las ofertas que les hagan.

Alberto Fernández repitió durante la campaña que volverá la paritaria nacional, esa negociación entre un Ministerio de Educación que no administra escuelas y cinco sindicatos con representación a nivel nacional, que tanto conflicto suscitó durante los últimos años.

Esa paritaria había surgido allá por 2006, a partir de la letra de la Ley de Financiamiento Educativo. Establecía que entre el gobierno y los gremios nacionales deben “acordar el salario mínimo docente”, entre otros asuntos.

Durante mucho tiempo eso se interpretó como “el piso” al salario de los maestros de todo el país y, por lo tanto, un beneficio para los docentes de las provincias con más problemas.

Pero aunque nadie lo diga abiertamente, la misma paritaria nacional como su interpretación podría llegar a derivar en un conflicto interno en la próximo administración. ¿Por qué? Muchos recuerdan que fueron los gobernadores quienes más presionaron en 2016 para que el gobierno de Macri disolviera la paritaria nacional, y de ese modo desactivara el famoso piso. ¿Qué van a opinar ahora cuando desde una reunión en el palacio Pizzurno de Capital les indiquen cuánto tienen que aumentarles a sus maestros?

Si la política es el arte de lo posible, deberá haber mucha de ella para que todo esto se encarrille en los primeros días de marzo.

¿Y qué dirán los señores jueces?

Cuando era candidato, Alberto Fernández había prometido que volverá la paritaria nacional. Hoy, nadie duda que así será.

El asunto es que esa negociación fue judicializada y un fallo de Cámara le dio la razón al macrismo, en el argumento de que son las provincias las que deben fijar los salarios para sus maestros.

¿Qué dirán ahora los jueces?

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