Política

Crece puja entre albertistas y K por la estrategia laboral

Crece puja entre albertistas y K por la estrategia laboral

La gestión de la crisis económica durante la pandemia puso sobre la superficie una de las internas más agitadas del Gobierno: la que enfrenta al ministro de Trabajo, Claudio Moroni y a la CGT con las líneas del kirchnerismo en la nación y la provincia de Buenos Aires. La pulseada quedó de manifiesto y golpeó de lleno a Moroni en debates clave como el convenio marco para establecer un mecanismo de suspensiones masivas, el proyecto oficial de ley de regulación del trabajo en las aplicaciones de reparto y el subsidio de parte de los salarios privados de grandes empresas, incluso de las líneas gerenciales, entre otros.

Se trata de una disputa que antecede a Alberto Fernández y se remonta a los inicios de la gestión de Néstor Kirchner, y que se proyecta incluso en el trajín diario de la conflictividad derivada de la cuarentena por la parálisis en la actividad económica. De esa tensión surgieron en los últimos días numerosas versiones -sin mayor asidero- de un eventual desplazamiento del ministro nacional y su posible reemplazo por un dirigente a gusto del Instituto Patria.

La contienda se desarrolló hasta ahora en varios escenarios. Por caso, el acuerdo entre la UIA y la CGT por un marco para licenciamientos masivos, que el Ejecutivo convirtió en resolución con la firma de Moroni y su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, fue objetado tanto por Héctor Recalde, histórico abogado de gremios y principal referente del laboralismo kirchnerista, como por la CTA de Hugo Yasky. El proyecto sobre las aplicaciones digitales recibió las principales críticas por parte de los abogados del sector alineado con Recalde, en particular de la asesoría del gremio de motoqueros (Asimm).

También el Ministerio de Trabajo bonaerense, como informó este diario semanas atrás, se ocupó de reforzar un perfil diferenciado respecto de la cartera nacional en la defensa de los asalariados vulnerables en medio de la crisis. La distinción quedó en evidencia en los trámites de los pedidos empresarios para acordar suspensiones y en la proliferación de multas para los incumplimientos patronales. Allí, donde la cabeza visible es la ministra Mara Ruiz Malec, una economista de confianza de Axel Kicillof, el eje laboralista pasa por Leandro Macia, subsecretario de Relaciones del Trabajo.

A Macia y a Recalde los une la Corriente 7 de Julio, una línea interna de la Asociación de Abogados Laboralistas que cuenta con otros referentes de la asesoría de gremios como Gustavo Ciampa. Allí también se destaca Mariano Recalde, senador nacional por la Capital Federal, hijo de Héctor, expresidente de Aerolíneas Argentinas y conspicuo integrante de La Cámpora. La 7 de Julio fue la encargada de pedir formalmente a la Superintendencia de ART (SRT) la derogación de una suerte de “lista negra” en la que quedan inscriptos los trabajadores y sus abogados que hubieran litigado contra el sistema de riesgos laborales. En la SRT permanece en su cargo Gustavo Morón, un funcionario nombrado por Mauricio Macri y que goza de la confianza de Moroni.

Cuando arreciaban los rumores sobre su continuidad, Moroni se lamentaba ante la CGT del accionar de este sector. En su entorno le asignan a Héctor, el principal exponente, una supuesta intención de hacerse del control del Ministerio de Trabajo en un gobierno peronista. Los que rodean al veterano laboralista, que acaba de cumplir 82 años, desmienten una intención desestabilizadora en contra del ministro pero reconocen ese cargo como un pendiente del exdiputado.

Máximo Kirchner hizo mucho por agigantar esa disputa cuando días atrás se quejó en una sesión virtual en Diputados del acuerdo de suspensiones que había sellado la alimentaria Mondelez con el jefe del gremio de la actividad, Rodolfo Daer. Y aclaró que la crítica apuntaba tanto a la actitud de la multinacional como a la validación de aquel acuerdo por parte del Ministerio de Trabajo nacional.

A pesar de sus lamentaciones Moroni puede jactarse de contar con una amplia red de apoyos. El más importante de todos, el de Alberto Fernández, de quien es amigo y colega en la función pública desde hace décadas. Pero también de la CGT, que en los últimos días se prodigó en señales de respaldo a su gestión. Por carácter transitivo -y por lógica oposición al kirchnerismo más duro- el aval de la central obrera le otorga al funcionario también el del Grupo de los 6 que reúne a las principales cámaras empresarias del país. Mientras que el propio Moroni se jacta de formar un bloque con otros miembros del Gabinete “socioeconómico” como Kulfas, Martín Guzmán (Economía) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social).