El financista Ernesto Clarens contó cómo era el sistema de licitación de las obras públicas durante la gestión kirchnerista y el mecanismo para decidir los sobreprecios, según consta en la declaración que hizo ante el juez federal Claudio Bonadio.

El empresario, uno de los procesados en la causa que investiga este mecanismo de corrupción, reconoció ser la persona encargada de recaudar el dinero ilícito por parte de las compañías que integran la Cámara de Vialidad Nacional.

Según su versión, las empresas "compraban los pliegos" de las obras y todos los "interesados" eran convocados a la sede de ese organismo: en ese lugar, las firmas discutían para distribuirse todas las obras "hasta que surgía el ganador" y "si quedaban dos, iban en UTE (unión transitoria de empresas)".

Luego "venía la discusión sobre el precio a ofertar" y que "siempre se iba por encima del presupuesto oficial en valores que oscilaban el 20 por ciento aproximadamente".

Clarens explicó que "La Camarita", como dijo que se conoce a Vialidad Nacional dentro del ámbito de la construcción, le entregaba mensualmente un listado con las obras licitadas.   

De acuerdo con su declaración ante el juez Claudio Bonadio, en un renglón figuraban los datos oficiales del proyecto y "en la columna siguiente el porcentaje de sobreprecio".

El financista reconoció además que recibía a los representantes de estas compañías en su oficina, ubicada en el segundo piso del edificio situado en Maipú al 311, y que en algunos casos era él el que los iba a visitar.

Clarens dijo que cobraba una cierta suma de dinero en concepto de retorno a varias constructoras que, a cambio, recibían las adjudicaciones por parte del Estado.

"Si la licitación preveía que el adelanto financiero fuera del 20% del total de la obra, se le pedía a la empresa la entrega de la mitad del anticipo en una única entrega, si en cambio el anticipo representaba el 10% del total de obra, se le pedía a la empresa ese porcentaje en cuotas", detalló.