Política

Ya sin el DNU de Alberto Fernández, Santa Fe vuelve a insistir con la intervención de Vicentin

Ya sin el DNU de Alberto Fernández, Santa Fe vuelve a insistir con la intervención de Vicentin

La semana pasada, el presidente Alberto Fernández dio marcha con el DNU con el que había dispuesto la intervención del Grupo Vicentin, que se encuentra con su concurso preventivo de acreedores abierto en el fuero comercial en Santa Fe. Pese a ello, este lunes el gobierno santafesino de Omar Perotti insistió en la justicia con la intervención de la cerealera.

La anulación del decreto para la intervención de Vicentin parecía poner fin al intento de involucrar al Estado en la firma mientras hay un concurso preventivo en curso a cargo del juez Fabián Lorenzini.

A un mes de la restitución del directorio de Vicentin al frente de la administración de la empresa, sus directivos tuvieron dos audiencias junto a las autoridades de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe, pero no se logró llegar a un acuerdo. La última propuesta de Perotti era constituir un fideicomiso, pero en la última reunión también fracasó este camino como prenda de acuerdo.

La intención de Perotti, que respaldaba el presidente Fernández, era la de crear esta figura fiduciaria con participación estatal y remover a los integrantes del directorio de la empresa. Esto no fue aceptado.

"Los representantes provinciales peticionan una naturaleza distinta de fideicomiso, que importa el desprendimiento de todo derecho de los accionistas respecto de su propiedad sobre el capital social de Vicentin, en la esperanza que un plan de recuperación que la Provincia y la Nación liderarían tenga un resultado exitoso", indicó el Grupo Vicentin a través de un comunicado.

Para el Directorio, la modalidad propuesta por la Provincia "equivaldría a consentir una expropiación sin precio indemnizatorio, con la única esperanza de rogar que las gestiones de los representantes oficiales efectivamente sean fructíferas. Paradójicamente, incluso va bastante más allá de lo planteado por la Provincia en el incidente judicial que protagoniza la Inspección de Justicia pidiendo la intervención de la sociedad concursada".

Si bien el juez Lorenzini dejó las puertas abiertas para retomar el diálogo, las autoridades santafesinas dieron por "cerrado el capítulo", y con un escrito al que accedió Clarín, este lunes pidieron al magistrado que avance en el pedido inicial de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) que es la intervención de Vicentin. 

Por lo visto, la última decisión presidencial no puso punto final a la búsqueda de la intervención del holding cerealero. La directora de la IGPJ de Santa Fe, María Victoria Stratta, presentó un escrito ante el juzgado donde sostuvo que "no habiéndose logrado acuerdo en tal sentido (por la creación del Fideicomiso) esta parte entiende que el proceso restaurativo está agotado (...) es por ello que se dará continuidad al proceso de intervención judicial".

Además, la representante de la IGPJ indicó que para "llegar al saneamiento se requerirá además de la obtención de un fideicomiso accionario en administración". Señaló entonces que la expectativa del Estado es "el desplazamiento del actual directorio y la entrega fiduciaria en administración de las acciones, tal y como se expresó en las audiencias" realizadas por orden de Lorenzini.

Ese expediente corre en paralelo al del concurso preventivo de acreedores, y tiene como planteo central destituir nuevamente al Directorio de Vicentin y nombrar interventores: en un comienzo los dispuestos por el gobierno nacional, y según la última propuesta sumando a otro en representación de Santa Fe. Este incidente se creó cuando Lorenzini restituyó a los dueños de la compañía frente a su administración, reduciendo a veedores controladores a Gabriel Delgado y Luciano Zarich, quienes insistieron con diversos escritos ser restituidos.

En tanto, a fines de este mes concluye el proceso de verificación de créditos de los 2.368 acreedores reconocidos en el concurso preventivo. Todos ellos representan una deuda global de 100.000 millones de pesos. La sindicatura designada por el juez entregará después del 25 de agosto un informe con el detalle del pasivo, y en función de ello el magistrado dictaminará en base a qué números la compañía deberá acordar con sus acreedores.