Salud

Salud mental: el encierro no cura

Salud mental: el encierro no cura

Los resultados preliminares del 1er. Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental confirman lo que hace muchos años denuncian las personas con discapacidad psicosocial, sus familiares, las organizaciones de derechos humanos y los organismos internacionales: vulneraciones a los derechos humanos, alto número de internaciones prolongadas, incomunicación, falta de dispositivos comunitarios, deficitario control estatal y una gran cantidad de manicomios.

A pesar de estar vigente hace nueve años, el relevamiento da cuenta de los pocos avances registrados en el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental. En lugar de haberse creado una red de dispositivos de base comunitaria y de habilitarse servicios de salud mental en hospitales generales, únicos en los que pueden realizarse internaciones por motivos de salud mental, la respuesta que el Estado continúa brindando a las personas con padecimiento mental es la internación en hospitales psiquiátricos.

Según el Censo, en Argentina hay 162 manicomios públicos y privados -a pesar de que la ley ordena su cierre para el año 2020- y 12.035 personas internadas en ellos con un promedio de tiempo de internación de 8,2 años. Del total de personas, el 60,4% no prestó su consentimiento para estar ahí, y al menos el 37,2%, está alojada en hospitales psiquiátricos por razones sociales y/o de vivienda. Además, las personas se encuentran aisladas, ya que solamente el 41,6% manifiesta poder realizar llamadas y el 40,4% informa que no salió del hospital durante el último mes.

Las cuestiones olvidadas generan personas olvidadas. Así lo afirma Dainius Puras, Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible a la salud física y mental, al señalar que la historia de la psiquiatría y de la atención de la salud mental está marcada por violaciones flagrantes de derechos.

En nuestro país, la historia no es diferente, y hasta tanto no se implementen políticas públicas tendientes a modificar de forma estructural el sistema de atención actual, miles de personas seguirán siendo víctimas de graves vulneraciones a sus derechos a la salud física y mental, a la vida digna e independiente, a la inclusión en la comunidad, al reconocimiento de la autonomía de la voluntad, y a la protección contra la violencia y la discriminación.

El cumplimiento de la ley no puede esperar más, porque no pueden ni deben hacerlo las personas internadas por motivos de salud mental. La realización del censo es un insumo fundamental para avanzar en su implementación en todo el país. Resta la decisión política de hacerlo.

Eduardo Quiroga es Abogado del área de Discapacidad y Derechos Humanos de ACIJ.