Salud

Superar el desánimo para mejorar la salud pública

Superar el desánimo para mejorar la salud pública

Desde hace décadas los desafíos de las políticas sanitarias se centran en lograr la equidad frente a un mundo con crecientes recursos pero con una igualmente creciente desigualdad social.

Baste señalar los datos en nuestro país sobre el retorno de la tuberculosis, la disminución en el consumo de carne y la permanencia del Chagas para comprender que la frase de la OMS, “uno de los modos más efectivos de combatir la pobreza es mejorar la salud”, es tan cierta como su reverso: para mejorar la salud, bien vale disminuir la pobreza. A este respecto, merece mirar hacia Canadá, que recientemente redujo su tasa de pobreza con una metodología integral: un mecanismo multisectorial de redes regionales centrado en la capacitación laboral.

El Estado, en su rol de responsable y garante de las políticas públicas a desarrollar, debe garantizar el acceso a la atención sanitaria, como un bien privado prevalente, y asegurar su acceso frente a las asimetrías del mercado, como un gestor y productor de bienes y servicios públicos. Debemos recuperar la noción de Estado de Bienestar, no desde una ambición estatista demodé, sino de manera crítica, pues bien sabemos que la integración de los sectores público y privado resulta ineludible desde hace décadas (cuando primó la desestructuración estatal).

Hace ya veinte años, planteaba en este diario sobre el cambio de concepción y ejecución necesarias para revertir la condición sanitaria. Sostenía entonces que las herramientas de gestión ­como la informática y la auditoría (fiscal, pero también médica, como herramienta de investigación/acción)­, son imprescindibles pero impotentes si no están acompañadas de una fuerte decisión política que se sustente en el realismo, la audacia y la capacidad de ejecución. Sólo así se podría recuperar credibilidad social y enfrentar un orden de situación dominado por intereses corporativos espurios.

En ausencia de planificación estratégica e incapacidad de gestión por desconocimiento en lo referente a las herramientas contemporáneas de logística administrativa (entendida como el conjunto de medios y métodos para llevar a cabo un fin determinado en un proceso complejo), como mínimo debemos exigir la responsabilidad estatal en la regulación. Sólo así podremos enfrentar la realidad de prácticas discrecionales, abusos ilegales y ausencias de sistemáticas en la cultura laboral, todo lo cual da lugar a la corrupción en sus múltiples formas y, lo que es peor, a su normalización o aceptación banal.

En efecto, padecemos de un verdadero síndrome de desmoralización, que nos desanima, nos anestesia frente a la realidad y nos quita la energía necesaria para transformarla. Confundimos cinismo por sagacidad, y hasta nos solazamos en la mediocridad, como si se tratara de una idiosincrasia inevitable y por ello casi entrañable (recordemos a José Ingenieros, quien afirmaba que “la mediocridad es más contagiosa que el talento”).

Debemos denostar cada vez todo acto de corrupción, para evitar así su normalización que antecede a su aceptación y que implica, lisa y llanamente, su impunidad. Pero al mismo tiempo, debemos correr el velo de la corrupción, que más que causa es consecuencia de la incompatibilidad entre determinados intereses económicos y la democracia. Advertía ya Juan Bautista Alberdi que “el empobrecimiento en el que ha caído y está la República Argentina no es una crisis, es un estado crónico, normal, tradicional que la forma el orden irregular en que viven sus intereses económicos”.

No tenemos la salud que merecemos, pero existe la potencia para superar esta situación. Los recursos están, hace falta aprovecharlos con racionalidad y justicia. Se requiere una voluntad colectiva lo más amplia posible que incluya y empuje a la decisión política. La solidaridad como lazo fundamental de la sociedad humana, como moral que nos constituye mutuamente debe ser nuestro motor, y la esperanza nuestro combustible. No desatendamos el reclamo de iniciar la marcha.

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