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Protección de las fuentes de información y periodismo

Protección de las fuentes de información y periodismo

Si ante la investigación de delitos criminales o casos de corrupción se involucra penalmente al periodista que lo investigó, sin duda se configura un caso claro de censura indirecta, toda vez que actúa como “elemento disuasivo” para futuras investigaciones.

En un Estado de derecho, la libertad de expresión resulta trascendental, dado que constituye una de las prerrogativas sin la cual, los principios democráticos se tornan inexistentes. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Rodríguez c/google”, afirmó que entre “las libertades que la Constitución consagra, la de prensa es una de las que poseen mayor entidad, al extremo que sin su debido resguardo existiría una democracia desmedrada o puramente nominal”.

El concepto de libertad de expresión se encuentra integrado necesariamente por el secreto profesional del periodista, que es un principio elemental en la función del comunicador. Está consagrado en art. 43 de la Constitución Nacional al expresar que “no se podrá afectar el secreto de las fuentes de información periodística” y en el art.13 de la CADH. Resulta claro que si se otorga el derecho de reservar la fuente, es porque primero tiene el derecho de acceder a ésta y a la información que le haya provisto. El fundamento de tal protección es “el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole” (…)“no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos”.

Por tanto, queda prohibido obligar a los periodistas a entregar apuntes, anotaciones y archivos profesionales o personales. El secreto profesional permite reunir y difundir datos que de otra forma no podrían obtenerse al evitar posibles represalias que podrían derivar del hecho de haber revelado la información. La imposición de revelar la fuente o datos relacionados con ésta implicaría ejercer actos de censura contra el derecho fundamental de libertad de expresión.

En este sentido, la Cámara Federal en el caso“Catán” (se investigaba si hubo sobornos en el Senado de la Nación), declaró la nulidad de una resolución que ordenaba realizar un listado de las llamadas telefónicas entrantes y salientes del teléfono del periodista, en el entendimiento que pudo lograrse el fin, utilizando medios menos restrictivos. En los casos Goodwin vs. Reino Unido y, Ernst y otros contra Bélgica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, expresó que supone una violación a la libertad de información brindar registros para obtener datos de los periodistas con la finalidad de descubrir sus fuentes o detalles de la información por ella revelada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado ,en el fallo Kimel, que para establecer responsabilidades a la prensa el derecho penal es el medio más restrictivo y severo. Por ello, su uso como restricción únicamente es legítimo si se limita a los casos de estricta necesidad y es absolutamente proporcionado. Entendiendo la protección penal como la última ratio del sistema.

Asimismo, en la sentencia Bronstein vs. Perú sostuvo que la libertad de expresión no se limita únicamente a la satisfacción de una obligación de respeto, sino que significa para el Estado obligaciones positivas de protecciones y garantías de independencia y de acceso a diversidad de fuentes. Esta obligación pesa no sólo para los poderes políticos, sino también para los jueces.

Marcela Basterra es Doctora en Derecho (UBA)