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El líder independentista catalán presenta un recurso de amparo contra su inhabilitación

Expresidente catalán Quim Torra
Expresidente catalán Quim Torra

El expresidente catalán Quim Torra, desplazado de su cargo tras ser condenado por desobediencia a un año y medio de inhabilitación, presentó hoy un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional español con el que reclama la suspensión cautelar urgente de la pena.

Un día después de dejar la Presidencia regional en medio de protestas independentistas por la sentencia dictada ayer mismo por el Tribunal Supremo español, que volvió a elevar la tensión política entre Cataluña y España, Torra recurrió a su última carta jurídica -el Constitucional- antes de llevar su caso a los tribunales europeos de Estrasburgo.

"Ahora la pelota ya está en el tejado del Tribunal Constitucional... veremos si el partido termina aquí o en Estrasburgo", escribió hoy en Twitter el abogado Gonzalo Boye, quien presentó el amparo en nombre del líder secesionista.

Antes de presentar el recurso, Boye se mostró escéptico de que el Tribunal Constitucional lo admita a trámite, de ahí que avanzó que el siguiente paso será recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), donde augura "un mal final" para la Justicia española.

Torra asumió que debía dejar el Ejecutivo regional después de haber sido notificado de la ejecución de su condena, pero su cese todavía no fue publicado en el BOE (Boletín del Estado), de ahí que existe un mínimo margen para que, si el TC suspende de forma cautelar la sentencia del Supremo, pueda recuperar su cargo.

Torra fue condenado por incumplir de forma reiterada la orden de la Junta Electoral Central de retirar durante la campaña electoral de abril de 2019 los lazos amarillos y pancartas a favor de los presos secesionistas


El alto tribunal estudiará el recurso el próximo 6 de octubre, según fuentes judiciales.

En los casos previos de políticos activos, el TC siempre optó por suspender las penas, pero esta vez esa posibilidad es poco probable atendiendo a las resoluciones adoptadas respeto a los líderes catalanes secesionistas presos por el fallido proceso de secesión de 2017, a los que se les denegó amparo en reiteradas ocasiones.

El recurso presentado por Torra asegura que la sentencia del Supremo -que lo condenó por no haber retirado una pancarta independentista en campaña electoral- tiene una relevante trascendencia constitucional, ya que supuso la destitución de un cargo electo, de ahí que el TC debe pronunciarse.

El abogado defensor del expresidente catalán subraya que en su caso se produjo un "verdadero fraude constitucional", ya que la intención clara fue "derrocar" al Gobierno de Torra por medios aparentemente legales.

Boye sostiene que en el proceso se vulneró la inviolabilidad parlamentaria del político independentista, su derecho a la libertad de expresión e ideológica, y de representación política.

El recurso presentado por Torra asegura que la sentencia del Supremo tiene una relevante trascendencia constitucional, ya que supuso la destitución de un cargo electo, de ahí que el TC debe pronunciarse


Asimismo, considera desproporcionada la condena por unos hechos que no tienen comparación en la mayoría de países europeos, y que el Supremo sólo lo utiliza contra políticos vascos y catalanes.

Torra fue condenado por incumplir de forma reiterada la orden de la Junta Electoral Central de retirar durante la campaña electoral de abril de 2019 los lazos amarillos y pancartas a favor de los presos secesionistas que colgaban de la sede gubernamental catalán y otros edificios públicos.

Los lazos amarillos generaron tensión en Cataluña debido a la existencia de "brigadas" civiles de la derecha que salían por la noche a "limpiar" las calles de estos símbolos de denuncia de la existencia de "presos políticos", a la vez que los simpatizantes independentistas volvían a colocarlos.

El derechista Partido Popular (PP), Ciudadanos y los ultraderechista de Vox promovieron la querella contra Torra y celebraron su condena, mientras la izquierda que integra el Gobierno de coalición de España consideró que la decisión era desproporcionada.