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Sentencia en la causa por lavado: aún tenemos jueces

Sentencia en la causa por lavado: aún tenemos jueces

Finalmente Lázaro Báez fue condenado a una pena de doce años de prisión por habérselo encontrado penalmente responsable de haber lavado cincuenta millones de dolares provenientes de actos de corrupción. Con él fueron también condenados sus hijos a penas menores, y otros involucrados en las maniobras delictivas, como por ejemplo Leonardo Fariña, Fabián Rossi y Federico Elaskar, entre otros.

Con esta condena, el Tribunal Oral Federal Nro. 4 le devolvió a la ciudadanía la sensación de que, tal como suele decirse ante un acto de justicia, “aún existen jueces en Berlín”.

Según se cuenta, el Rey Federico II de Prusia, durante su reinado pasó por las tierras de un campesino en las que había un molino que éste utilizaba para trabajar. Al advertir que el mismo afectaba la belleza del paisaje, quiso comprarle las tierras para demoler el molino y satisfacer su capricho. Ante la negativa del campesino el Rey ordenó expropiar sus tierras. El campesino acudió a la Justicia, la que impidió que se perpetre el atropello, advirtiendo al majestuoso gobernante que todavía había jueces en Berlín.

Seguramente el presidente Alberto Fernández no lleva en sus genes los delirios del populismo kirchnerista, cuya obsesión contra todo aquello que se caracteriza como “independiente” -como por ejemplo el Poder Judicial y el periodismo- es más que acentuada.

Pero la realidad es que comparte el ejercicio del poder con quien lo ha entronado como candidato a presidente de la Nación, donándole los votos de sus seguidores más acérrimos, y evidentemente está condicionado por la sombra de quien lo obliga muchas veces a mimetizarse con ese populismo que cuestiona duramente la libertad de de los fiscales y jueces para investigar y condenar los actos de corrupción perpetrados durante la gestión desarrollada entre 2003 y 2015.

Así, la sociedad argentina pudo advertir cómo, en medio de una agotadora cuarentena, el Gobierno agitó la bandera de una reforma judicial, que incluyó propuestas tales como la modificación de la mayoría agravada que se necesita para designar al jefe de los fiscales, y la ampliación de la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, habiéndose llegado inclusive a proponer la destitución de los mismos frente a decisiones que el Máximo Tribunal adoptó en contra de los gustos e intereses del kircherismo gobernante.

No se necesita mucha sagacidad para advertir que para muchos integrantes de este gobierno, por la falta de legitimación activa que tienen los jueces al no ser elegidos por el pueblo, el Poder Judicial debería ser intervenido y convertido en un apéndice del órgano ejecutivo, como una suerte de “servicio de justicia”.

Lo han expresado clara y rotundamente personajes como Eugenio Zaffaroni, para quien los magistrados, presuntos protagonistas del pomposamente denominado “lawfare”, dedicarían su tiempo a perseguir a funcionarios “k”, y a montar una fábrica de presos políticos.

Es por ello que cuando aparece un tribunal cuyos miembros, por unanimidad, consideran probado que uno de los empresarios más emblemáticos del kirchnerismo lavó dinero proveniente de la corrupción por sus vínculos con el gobierno de Néstor y Cristina, las luces del sistema republicano, cuya característica es la independencia del Poder Judicial, parecieran comenzar a iluminar a las instituciones.

Tal vez ello pueda ser entendido como el mérito de un gobierno que garantiza dicha independencia, pero a la luz de los embates que en los últimos tiempos se han advertido contra la Justicia, más bien pareciera que dicha independencia asoma a pesar de existir un elenco gobernante, cuya expresión populista más representativa es nada menos que la vicepresidenta de la Nación.

“Aún hay jueces en Berlín” le recordó, en el siglo XVIII, un magistrado al todopoderoso Federico de Prusia. Pues aún hay destellos de jueces que se animan, le recordó recientemente el Tribunal Oral 4 a la sociedad argentina, al condenar a uno de los exponentes más conspicuos de la corrupción que habría asolado al país durante la gestión kirchnerista.

Félix V Lonigro es profesor de Derecho Constitucional (UBA)