Política

En silencio, desplazaron al último funcionario de alto rango que seguía desde el macrismo

En silencio, desplazaron al último funcionario de alto rango que seguía desde el macrismo

El último funcionario de alto rango de la gestión de Mauricio Macri que continuaba en su cargo hasta la semana pasada, Gustavo Morón, dejó la jefatura de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para ser reemplazado por Enrique Cossio, un abogado cercano a Alberto Fernández y a los ministros Claudio Moroni (Trabajo) y Marcela Losardo (Justicia). Lo hizo sin estridencias y tras anoticiarse de que el titular de la cartera laboral ya tenía resuelto suplirlo para acallar algunas críticas que circulaban en la coalición gobernante por mantenerlo en ese puesto a pesar de sus antecedentes políticos.

Morón, que sumaba más de un cuarto de siglo en la administración pública y contaba en Cambiemos con el patrocinio de Guillermo Montenegro en su paso por el área de Seguridad porteña, superó el año de subsistencia en la administración del Frente de Todos a cargo de una gestión signada, sobre todo, por la instauración del coronavirus como una enfermedad profesional. Esa medida, que respondió a una promesa de Alberto Fernández a la CGT y en particular a los trabajadores de la salud, encontró un grado de resistencia en el hasta ahora encargado de la SRT y, luego de su implementación, disparó críticas por las trabas que el sistema puso para el reconocimiento de los contagios.

Pero fuera de la pandemia el saliente funcionario tuvo bajo su órbita la implementación de la nueva ley de Riesgos del Trabajo(27.348) que Cambiemos logró sancionar en 2017 y que desde entonces capturó una adhesión mayoritaria por parte de los gobiernos provinciales. De hecho el año pasado, ya con Alberto Fernández como Presidente, Santa Fe se convirtió en la provincia número 16 en adherir a la nueva normativa. Desde entonces el 90% de los trabajadores del país se encuentran regidos por la ley ideada para reducir el volumen de juicios contra las empresas por accidentes de trabajo a través del emplazamiento de comisiones médicas.

La nueva ley de ART es el mayor legado que dejará la gestión de Morón incluso para el actual gobierno, que admitió en varias oportunidades su acuerdo con aquella legislación en función de sus resultados: los juicios que en 2017 totalizaron 130 mil, al año siguiente (con la norma sancionada y con adhesiones en progreso) alcanzaron los 80 mil y en 2019 fueron cercanos a 64 mil, es decir menos de la mitad. Cerca de Moroni incluso evitaron cuestionar al funcionario saliente. La falta de críticas en oficialismo y oposición puede vincularse, además, a la relación de años de Morón con Sergio Massa y la familia política del presidente de la Cámara de Diputados, quien llegó a nombrarlo como auditor en Anses en 2004.

Esta semana, y luego de varios días de que corriera la versión sobre el reemplazo, Cossio comenzó a ocupar la oficina central de la SRT a la espera de su nombramiento formal publicado en el Boletín Oficial. Se trata de un letrado que compartió la carrera con el Presidente y con Moroni y Losardo. También con Alberto Fernández y con el titular de Trabajo, Cossio se desempeñó en la gestión de otra superintendencia, la de Seguros. De hecho ambos funcionarios tuvieron roles protagónicos en el rubro asegurador en los ’90, durante el gobierno de Carlos Menem, al momento de sancionarse el nuevo régimen de riesgos del trabajo.

Hasta ahora el nuevo superintendente ocupaba la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia, de Losardo. Su llegada a la SRT da cuenta de una reválida de la confianza de Alberto Fernández sobre dos de sus ministros más cercanos y en muchas ocasiones envueltos en trascendidos de recambios en el Gabinete, sobre todo una vez que Cristina de Kirchner protestó contra los “funcionarios que no funcionan”. Si bien Cossio estará formalmente bajo la órbita de Moroni, la titular de Justicia podrá exhibir su nombramiento como un blindaje ante las quejas de sectores del kirchnerismo por una aparente inacción respecto de la situación judicial de exfuncionarios como Amado Boudou.

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