Política

La condena a Báez y el enésimo golpe a la abollada teoría del lawfare

La condena a Báez y el enésimo golpe a la abollada teoría del lawfare

Monocorde, la voz del juez Néstor Costabel desenrolló este miércoles una lista de durísimas condenas por lavado de dinero en La Ruta del Dinero K, encabezada por su factótum y principal acusado, el contratista Lázaro Báez, a quien le adjudicaron una pena de doce años de prisión. La sentencia abre una perdigonada de consecuencias judiciales y políticas, entre las cuales resplandece como un nuevo remache sobre la abollada teoría kirchnerista del lawfare.

Apenas superada por la fellinesca escena del ex secretario de Obras Públicas José López manipulando sus bolsos con nueve millones de dólares tras los muros de un convento, la Ruta del Dinero K fue sin dudas la causa por corrupción más famosa y una de las primeras que abrió los ojos de la opinión pública al festival de negociados que se multiplicaron desde la cima del poder con total impunidad.

La puntillosa investigación periodística que Nicolás Wiñazki y Jorge Lanata emitieron por canal 13 en marzo de 2013 logró una gigantesca repercusión que otras tantas causas judiciales no habían conseguido hasta entonces, y por esa primera hendija se colaron desde entonces decenas de datos, testimonios, pruebas y nuevas denuncias que siempre fueron concordando como piezas de relojería: cobro de sobreprecios en contratos de obra pública amañados y direccionados hacia las empresas de Báez, posterior devolución de dinero a la familia Kirchner a través de millonarios contratos de alquileres de inmuebles y hoteles pertenecientes a sus empresas Hotesur y Los Sauces, y simultáneo blanqueo de fortunas sacadas e ingresadas del país por la estructura delictiva coordinada por Lázaro y condenada este miércoles.

Ese circuito de corrupción fue paralelo a otros, como la calesita de coimas que semanalmente pasaba a recoger el asesor estrella de Julio De Vido, Roberto Baratta, en el Toyota Corolla que conducía su chofer, Oscar Centeno. Tampoco fue el único.

Pese a la abrumadora prueba recogida en distintos tribunales y ratificada por otros tantos, Cristina Kirchner, Alberto Fernández y el elenco principal del gobierno vienen repitiendo que tanto ella como otros ex funcionarios investigados y condenados por la justicia son víctimas de una persecución urdida por jueces venales y medios de comunicación poderosos.

Pero las noticias surgidas en los últimos meses desde distintos tribunales dejan en ridículo aquella coartada. Repasemos algunas: la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de Amado Boudou por corrupción en el caso Ciccone, luego de que otros 16 jueces llegaran a ella y la confirmaran en tres instancias anteriores. Hace unos días, también confirmó una de las sentencias contra la militante K jujeña Milagro Sala, una de las más activas propaladoras de la teoría del lawfare y la exigencia de un indulto para los corruptos del kirchnerismo.

Hubo otra señal del máximo tribunal especialmente preocupante para Cristina, cuando rechazó un pedido de Julio De Vido para realizar una pericia respecto a los contratos para comprar trenes chatarra a España y Portugal, por los cuales está acusado de malversar fondos públicos. Un pedido exactamente igual es la última esperanza de la vicepresidenta para que la Corte detenga el juicio en su contra por haber direccionado los contratos de obra pública en Santa Cruz hacia su socio Lázaro Báez, cuyas turbias ganancias fueron lavadas en las maniobras condenadas por el TOF 4 este miércoles.

La Cámara de Casación también confirmó en diciembre la constitucionalidad de la ley del Arrepentido, viga maestra del caso de los Cuadernos de las Coimas y principal objeto de ataques por parte de los abogados de los acusados en varios expedientes. El tribunal certificó expresamente que los testimonios aceptados por el juez Claudio Bonadio en la instrucción del caso son totalmente válidos.

Hubo más fallos y resoluciones que refutan el débil argumento del lawfare. Todos firmados por tribunales diferentes, en decenas de causas y en distintas instancias. Algunos fueron resonantes, otros no. Pero explican, con el sordo lenguaje del contraste, la obsesión del presidente y su vice para destruir la independencia del Poder Judicial.